Hacia un concepto de ciudadanía universal

Dr. Alfonso Henriquez
Integrante del Programa de Estudios Europeos

La reciente sentencia en el caso M.A. contra Bélgica, dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituye un buen ejemplo de la tensión que existe hoy en día, tanto a nivel conceptual como político, entre la noción de ciudadanía, y la idea de igualdad y universalidad, propia de los derechos humanos. Los hechos del caso fueron básicamente los siguientes: al intentar llegar de forma ilegal al Reino Unido, un ciudadano sudanés fue detenido por las autoridades belgas, a raíz de lo cual fue deportado a su país. La Corte entendió que el Estado infringió una serie de normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos, debido fundamentalmente a que las autoridades no consideraron que la víctima corría el riesgo de ser perseguida por razones políticas si volvía a Sudán.

Para entender el problema de fondo, debemos señalar que la ciudadanía constituye el estatus que ostenta una persona, y que tiene su base en la pertenencia a una determinada comunidad política. Es un concepto que se construye por exclusión, es decir, deja afuera de su ámbito de protección, a todos aquellos que no son titulares de derechos plenos -como es el caso de los migrantes-. Por el contrario, los derechos humanos desbordan el marco de protección propio de los Estados, generando un conjunto de garantías que son comunes a todos los individuos, con independencia de su condición. Sin embargo, el problema radicaría en que lo que podría estar justificado según el derecho interno, con base en la idea de ciudadanía, podría constituir al mismo tiempo un comportamiento prohibido desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Cómo podríamos superar esta contradicción? La solución no pasaría por optar entre uno u otro sistema, sino que, por redefinir el concepto de ciudadanía, a fin de extenderla y pensarla en términos verdaderamente universales. Esto permitiría superar la relación que se da entre el individuo y el Estado-Nación, asegurando la posibilidad de trascender las limitaciones propias de la noción de ciudadanía, entendida como un privilegio territorial o político. Así, se configuraría un espacio en el cual los derechos terminarían por desnacionalizarse, al no encontrarse atados a un Estado, profundizando de manera progresiva los ideales de igualdad y universalidad, y por tanto, la posibilidad de enfrentar de mejor forma los problemas de exclusión que afectan a la población migrante.

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