Esta semana, varias ciudades del Reino Unido fueron el escenario de violentos disturbios liderados por agrupaciones de extrema derecha y antiinmigrantes. Los desórdenes públicos tendrían su causa, en parte, por la difusión de información falsa en redes que acusaba a un refugiado musulmán que habría ingresado de forma ilegal al país, de haber asesinado a tres niñas en Southport. Sin embargo, posteriormente las autoridades confirmaron que el verdadero culpable era un joven británico, cuyo nombre se reveló con el objeto de frenar los desmanes originados por la desinformación.

Lo triste es que la escalada de manifestaciones motivadas por el rechazo o aversión a personas de culturas diferentes es un fenómeno cada vez más común, tanto en Europa como en Chile. Lo anterior es preocupante si se considera que, cuando la xenofobia y el racismo se convierten en parte del discurso político o en una herramienta de manipulación, pueden amenazar los valores democráticos y el Estado de Derecho al promover políticas excluyentes y autoritarias. Además, el creciente descontento por parte de la población chilena hacia los migrantes ha servido de chivo expiatorio para la promoción de prácticas institucionales discriminatorias que profundizan la estigmatización de las personas en situación de vulnerabilidad.

Desafortunadamente, nuestro país ya tiene un penoso historial que pone en evidencia una serie de deficiencias en el funcionamiento de nuestras instituciones que dan cuenta de la discriminación existente en sus respectivas dinámicas. A modo de ejemplo, pueden considerarse los casos de Lorenza Cayuhuan, Joane Florvil, Brandon Hernán dez Huentecol, Camilo Catrillanca o Jean Pierre Paul, entre otros. Más aun, si se tiene presente lo sucedido recientemente con el padre del senador Macaya o la ex alcaldesa de Maipú, es claro que la justicia chilena tiene a sus favoritos.

Si bien se trata de una problemática que reviste de varias aristas, es preciso que tanto las autoridades como la ciudadanía reconozcan la gravedad de estas actitudes y colaboren activamente en promover una cultura de respeto y empatía. Se requiere de políticas públicas y reformas normativas que combatan eficazmente la desinformación y garanticen la imparcialidad. Es crucial erradicar el odio de instituciones y de la sociedad chilena, promoviendo inclusión y justicia.