La elección de los consejeros constitucionales está, dicho en forma coloquial, a la vuelta de la esquina y, sin embargo, parece que ese dato interesa a muy pocos. Según la encuesta Plaza Pública Cadem, publicada el 26 de marzo pasado, el 70% de los encuestados manifestaba poco o nada de interés en el proceso constituyente y en la elección de consejeros constitucionales. Cifras similares arrojó la encuesta Criteria, dada a conocer el 9 de abril en curso. Esto contrasta con el 60% de interés que manifestaba la ciudadanía en 2021, en relación con la misma etapa del anterior proceso constituyente. Se señalan muchas razones para ello. Escaso tiempo de campaña, pocas propuestas, candidatos poco conocidos o que están en la etapa final de sus careras políticas, hasta se habla de fatiga constitucional. Lo cierto es que el interés ciudadano se ha desplazado a otras áreas. En ello influye, y no poco, en mi opinión, la percepción del escaso margen de actuación que tendrán los consejeros constitucionales elegidos el 7 de mayo, tanto por los extensos contenidos mínimos definidos por la propia Constitución vigente, como por la propuesta que está elaborando la Comisión Experta y que debe servir de base para la discusión del Consejo Constitucional. Aún más, me parece que el distanciamiento que se observa entre la ciudadanía y el actual proceso constituyente se explica, en buena parte, porque este último es percibido como un proceso totalmente controlado por los partidos políticos, lo que por lo demás es cierto. La franja electoral televisiva, iniciada el pasado 7 de abril, probablemente mejorará el conocimiento de los candidatos, pero no aumentará, necesariamente, el interés por el proceso. A muchos nos gustaría que hubiera mayor participación, mejores propuestas, un debate político sustantivo y profundo, pero, al menos en esta etapa, es difícil que ello se logre. ¿Significa esto que el resultado final, de alcanzarse el acuerdo necesario, será igualmente un texto anodino e insuficiente? No necesariamente. Si se logra acuerdo sobre un nuevo texto constitucional habrá que hacer lo que manda el sentido común, y que no siempre se hace, es decir, leer la propuesta y apreciarla en su mérito. Solo a partir de una discusión abierta y honesta, sin mentiras ni populismos, podremos decidir si la Constitución que eventualmente nos ofrezcan es la que necesita esta comunidad de personas que llamamos Chile.