El whatsapp del abogado Hermosilla ha obligado a las instituciones a enfrentar aspectos que preferían ignorar o callar. Las conversaciones publicadas muestran de forma descarnada las redes de influencia que operan detrás de los nombramientos judiciales, especialmente de los ministros de la Corte Suprema. Las revelaciones han dado lugar a querellas e investigaciones que fuerzan a reconocer lo que todos sabíamos: las lealtades políticas son determinantes dentro de los procesos de designación.

Un sistema en que priman las redes de contactos perjudica a quienes no están insertos en los círculos de poder. Por esto es que la Asociación Nacional de Magistrados lleva más de una década instando por una reforma. Los procesos constitucionales recientes propusieron fórmulas institucionales orientadas a superar las deficiencias del sistema, buscando que este sea transparente y que favorezca el mérito y el buen desempeño en el cargo por sobre otras consideraciones.

Equilibrar la independencia con los controles es complejo, y las designaciones judiciales están cruzadas por consideraciones sobre los compromisos ideológicos y trayectorias de candidatos y candidatas. La cuestión es siempre difícil, pero lo es más tratándose de altas magistraturas. Los acuerdos políticos y búsqueda de equilibrio entre “sensibilidades” traspasan por las rendijas del entramado formal que conforma el sistema de selección y resultan cruciales. Esto ha sido reconocido con “honestidad brutal” por una ministra que, al ser aludida recordó a sus pares que “ninguno llegó por obra del Espíritu Santo”. La Corte Suprema ha reaccionado a la crisis llamando a retomar la discusión sobre las propuestas de modificación constitucional y legal sobre sistemas de nombramientos.

La práctica de los operadores que intervienen en las designaciones es clave para el buen funcionamiento de cualquier sistema y la realidad no siempre está a la altura. Por eso lo importante es que el diseño institucional favorezca la transparencia y el escrutinio público sobre todos los actores que intervienen en las designaciones. La cuestión radica en imaginar arreglos institucionales que puedan visibilizar la consideración de compromisos políticos, trayectorias públicas y opciones ideológicas en la decisión de nombrar a los integrantes de las altas magistraturas, transparentando las dinámicas de quienes son responsables del proceso de designación.

Las reacciones aireadas de algunos frente a los antecedentes develados resultan hipócritas. Se escandalizan frente a dinámicas largamente conocidas. Pero la hipocresía puede ser también civilizatoria. Es posible que el teléfono de Hermosilla logre lo que no han obtenido una década de intentos institucionales de reforma: voluntad política suficiente para una modificación a los procesos de designación en el Poder Judicial.