Un tema central del debate constituyente es el relativo al derecho a la educación. La oposición ha presentado una serie de enmiendas que apuntan a fortalecer la libertad de elección. Sobre este punto, el Tribunal Europeo de Derechos ha desarrollado algunas ideas que pueden ser útiles. Así, ha señalado que la libertad de enseñanza y en general los derechos educativos paternos cumplen una función instrumental, esto es, asegurar el pluralismo del sistema educativo, objetivo que resulta esencial para la preservación de una sociedad democrática.

Por esta razón, el Estado debe asegurar la existencia de una variada oferta educativa y la libertad para crear y organizar centros educacionales. Sin embargo, el respeto al ejercicio de estas libertades solo merece protección en cuanto no lesionen los derechos de los educandos. Y este es el punto central.

En el campo de la enseñanza, es posible encontrar un amplio conjunto de derechos e intereses, muchos de los cuales aparecen contrapuestos en el discurso público. Es lo ocurre, por ejemplo, cuando se discute acerca de la igualdad de oportunidades educativas, como si esta solo se pudiese alcanzar a costa de sacrificar la libertad de enseñanza. Pero estos elementos no son contrapuestos, sino que forman parte de una relación más compleja.

Esta relación consiste en el conjunto de procesos formativos y pedagógicos, en los cuales intervienen diversos actores, y cuya finalidad reside en la adquisición por parte del estudiante, de los conocimientos, competencias o actitudes, que el ordenamiento jurídico prescribe como condición necesaria para el desarrollo pleno de su personalidad. Así, cada elemento de esta relación educativa se encuentra directa o indirectamente vinculado al logro del fin descrito, de tal forma que este fin, se proyecta como un límite sobre cada uno de sus elementos.

Es lamentable que esta mirada, centrada en el estudiante, esté prácticamente ausente en las enmiendas presentadas por la oposición, y que haya sido desplazada por la atención a la libertad de elegir, buscando conjurar el supuesto peligro que entrañaría la intromisión del Estado en materia educacional. Pero este argumento no solo no tiene sustento, sino que además nos aparta del análisis de los verdaderos problemas que tiene nuestro sistema en materia de desigualdad y segregación. Aun hay tiempo de enmendar el rumbo del debate constitucional.