Se nos ha hecho creer que el neoliberalismo es el culpable de todos los males, pero la verdadera amenaza ha sido siempre el socialismo que intenta controlar lo incontrolable: la economía y la libertad humana.

Los invito a repensar la economía desde otro lugar. Porque lo que necesitamos no es más intervención, sino más libertad para equivocarnos, aprender, avanzar y florecer. Y para esto recordaremos a los extraordinarios economistas austríacos.

Hayek en Camino de servidumbre (1944) se refiere al socialismo: no solo critica su ineficiencia económica, sino su inevitable deriva autoritaria. En La fatal arrogancia (1988) advierte que intentar imponer un orden central, en lugar de permitir que surja desde la libertad individual y el intercambio voluntario es mera arrogancia intelectual.

La Escuela Austríaca (EA) nos dice que no sabemos. La única forma de disponer del conocimiento -nos dice Hayek- es entre hombres libres actuando a través del sistema de precios. Ellos entendieron la economía como un proceso dinámico en constante cambio. El liberalismo austríaco acierta porque reconoce la incapacidad humana y diseña instituciones, como la propiedad privada, la libertad para acumular riqueza y ahorrar ganancias, la protección de los contratos y la libertad para comercializar, para navegar esa incertidumbre. No es el mercado el que falla sino la arrogancia de creer que alguien puede reemplazarlo.

El socialismo está condenado al fracaso, no por mala voluntad, sino por absoluta imposibilidad lógica de organizar recursos sin precios.
Y esto queda demostrado una y otra vez: los países más capitalistas son más libres, porque hay protección de instituciones clave. Hoy los países más libres son: Singapur, Suiza, irlanda, Taiwán, Nueva Zelanda. Los peores en el ranking son: Venezuela, Corea del Norte, Cuba, Zimbawe (Heritage Foundation evaluando 184 países) ¿Y qué pasa con Chile? Históricamente ha liderado en la región, aunque en informes recientes ha mostrado descensos debido a factores como el aumento de regulación estatal.

La EA propicia un Estado mínimo, con funciones muy acotadas y bien definidas: proteger el estado de derecho, las libertades de los ciudadanos y que las reglas del juego sean iguales para todos.

En resumen, nuestra emprendedora penquista pagó el precio de una suerte de burocrática planificación centralizada que, con una falsa premisa de protección de diversos derechos y obligaciones, en el fondo ahoga la capacidad de poner en movimiento un negocio, contratar gente y crear valor.