En medio del caos causado por la pandemia, la Unión Europea firmó el mayor contrato de vacunas de su historia: 1.800 millones de dosis Pfizer-BioNTech, por miles de millones de euros.
En febrero del año 2023 el New York Times presentó una demanda en contra de la Comisión Europea por la negativa de ésta a entregar los mensajes de texto a través de los cuales su presidenta Ursula von der Leyen y el CEO de Pfizer Albert Bourla habrían negociado la compra de las vacunas. El problema radica en que hoy no solo el contrato en sí es motivo de controversia (por los altos valores) sino también la forma en que éste se negoció: por mensaje de texto de WhatsApp directamente entre von der Leyen y Bourla.

El contacto directo entre una jefa de Estado y el director de una farmacéutica podría parecer una negociación eficiente. Sin embargo, no existen registros oficiales de las tratativas, no existió control técnico ni jurídico, y al parecer estos mensajes, además, desaparecieron. En múltiples ocasiones se pidió a la Comisión que entregara los mensajes de texto, señalando ésta finalmente que dichos mensajes “no existían” y que su naturaleza eminentemente efímera significó que no se habían guardado.

La semana pasada el Tribunal Europeo de Justicia falló en contra de von der Leyen señalando que los documentos públicos debían estar disponibles. “La Comisión no aclaró suficientemente si los mensajes de texto solicitados se habían suprimido y, de ser así, si la supresión había sido voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de la presidenta había sido sustituido en ese intervalo de tiempo” ni tampoco “por qué consideró que los mensajes (…) no contenían información importante o (…) que su conservación debiera garantizarse”. La Comisión actuó mal al rechazar la solicitud del New York Times, sentenció el Tribunal. El Diario El País señaló que el reproche de la Corte a von der Leyen, era importante, sobre todo porque ésta ya había sido acusada con anterioridad por su “opacidad” al tomar decisiones.

Este episodio no es solo un descuido administrativo, sino una falla institucional, han sentenciado los expertos. Si la transparencia es un valor que la UE quiere promover, ¿cómo espera que sus ciudadanos reaccionen ante este tipo de contradicciones? Y aún más, ¿podrán comprometerse millones de euros en transacciones hechas por whatsapp, de los cuales no se guarda ningún registro?