La política económica radical emprendida por el actual Gobierno argentino despierta en Europa asombro y escepticismo. En algunos sectores minoritarios, entre ellos, editoriales conservadoras, economistas y partidos liberales, se defiende al gobierno de Milei. Se celebra la drástica reducción del gasto público, la poda del aparato estatal y la liberalización de los mercados como ejemplo digno de imitación en un continente que perciben fatigado por reformas diluidas en negociaciones interminables y consensos a menudo inalcanzables.

Sin embargo, la admiración de estas voces choca con posturas críticas. Desde distintas tribunas se advierte que el debilitamiento sistemático del Estado puede dar lugar a disfunciones en el mercado, dejar a las economías europeas de exportación a merced de crisis internacionales y marginar a los sectores más vulnerables, lo que afectaría el acceso a la educación, el empleo y la vida social.
El experimento argentino: tratamiento médico de alto riesgo.

Argentina es ese paciente crónico que ha experimentado todo tipo de recetas: desde la hiperintervención estatal hasta el liberalismo ortodoxo. Hoy, el nuevo tratamiento radical presume ofrecer una cura efectiva, pero incierta. Además, hace olvidar los riesgos de efectos secundarios peligrosos: tendencias autoritarias, concentración de poder y restricciones a las libertades democráticas. La historia argentina muestra que las terapias de choque abren la puerta a estilos de gobierno verticalistas y a liderazgos personalistas. En momentos críticos, la tentación de gobernar por decreto aumenta a medida que disminuye la paciencia de los partidos en el poder, para los que la urgencia parece justificar la falta de matices.

Implicaciones: Control de efectos secundarios.

En Europa, donde la memoria del autoritarismo es reciente, estos efectos secundarios inquietan profundamente. El avance de las fuerzas autoritarias es una experiencia común en Europa, pero especialmente notoria en Europa del Este, donde se han producido transformaciones radicales. Por eso, frente a recetas económicas drásticas, es esencial no perder de vista que el verdadero desarrollo sostenible solo será posible si se fortalecen los procesos democráticos que garantizan una participación generalizada, un control institucional eficaz y la protección de los derechos fundamentales.