Se mire por donde se mire, el Informe sobre el Estado de Derecho que publica cada verano la UE resulta esta vez aplastante para España. A pesar del lenguaje pretendidamente burocrático y aséptico, pese a la ausencia de calificación jurídica o ética de los hechos, pese a esa prosa administrativa y soporífera de quien narra las especificaciones técnicas de un electrodoméstico, pese a todo y pese a quien pese, la Comisión no olvida nada: la rampante corrupción, la menguante libertad de medios, la acosada justicia y los debilitados contrapoderes: todo está en la parte del Informe que afecta a España.

En 2020, primer año del Informe, algunos expertos españoles se lamentaban de que este nuevo instrumento de la UE examinara a todos los Estados miembros por igual. Según ellos, nuestro país era un dechado de virtudes y era casi ofensivo hacernos pasar el mismo escáner que a Hungría, Polonia o Rumanía. Para algunos, era injusto que todos los Estados miembros se tuvieran que “retratar”, pagando justos por pecadores.

Solo puedo dar las gracias a la Comisión Europea por haber concebido el Informe en su formato actual, sin distinguir entre buenos y malos. El acelerado deterioro de los valores democráticos en España en todas las garantías que el Informe mide (independencia judicial, libertad de medios, marco contra la corrupción y otros contrapesos) así lo aconseja. Toda la vida diciendo: “eso aquí no puede pasar porque somos una democracia ejemplar”, y al final, zas: en plenas narices de la UE, un país con un expediente envidiable desde la Transición ha terminado transitando… pero en sentido contrario. Hasta ahora, el Informe había sido demasiado comprensivo con España.

Bastaba comparar su tono con el que usaba para Polonia en situaciones similares (politización del consejo de la magistratura, ataques a jueces incómodos, acoso a la prensa crítica…). La Comisión, al fin y al cabo, es un órgano político. Pero ya no caben medias tintas. España se ha quedado sin careta en Europa. Todo está ahí, aunque lo digan con lenguaje de oficinista: la descomposición del Estado de Derecho.