Actualmente se discute en el Congreso el proyecto de reforma constitucional que permitirá a las FFAA proteger infraestructura crítica, agregando las fronteras nacionales dentro de esta categoría. De aprobarse esta reforma y disponer el ejecutivo que las FFAA se desplieguen en las fronteras, hay un desafío de DDHH a considerar y la experiencia de la Unión Europea sirve como referente.

Al proteger infraestructura crítica, la seguridad no es el único elemento que guía el actuar del Estado y de sus FFAA. El respeto, protección y promoción de DDHH pesa con el mismo valor. Por ejemplo, al proteger una cisterna de agua en contra de daños cometidos por personas, las FFAA deberán hacerlo respetando sus derechos. Sin embargo, en las fronteras, hay derechos que requieren una aplicación específica. Por ejemplo, para respetar el derecho a la vida familiar, debería permitirse el ingreso de un niño que va camino a reunirse con su madre; para respetar el principio de no devolución debiera permitirse en ingreso de una persona cuya vida peligra si es devuelto a su país de origen. Deberían también identificarse situaciones de especial vulnerabilidad, y otorgar la debida protección. El desafío está en que quienes controlen las fronteras estén capacitados, no solo para ejercer la seguridad nacional, sino que también, para respetar, proteger y promover los derechos específicos de las personas que controlarán.

La Unión Europea lleva años experimentado este desafío. Para proteger sus fronteras exteriores creó en 2004, una Guardia Europea de Fronteras y Costas (FRONTEX), compuesta por agentes bajo el mando de las autoridades nacionales de los países en que están desplegados. Los primeros años de su funcionamiento se caracterizaron por graves violaciones a DDHH, siendo varios de los Estados miembros condenados por la Corte Europea de DDHH. La regulación de FRONTEX ha sido modificada dos veces desde su origen y en cada modificación se ha incorporado nuevo reconocimiento de derechos de personas migrantes y refugiadas. A ello se suma actualmente formación obligatoria de DDHH, un código de conducta gestionado por la Oficina de Derechos Fundamentales, un mecanismo de denuncia, un mecanismo de supervisión de uso de la fuerza y un foro consultivo sobre derechos fundamentales. Los principales focos de formación y supervisión son el respeto por el principio de no devolución y las labores de búsqueda y rescate. A pesar de todo esto, las violaciones de DDHH en las fronteras exteriores de la UE siguen ocurriendo.

La reforma constitucional tiene por característica no restringir derechos esenciales. La propia experiencia de Chile y de la UE nos indican que, si se incorpora las fronteras como infraestructura crítica, el Estado enfrentará el desafío de ser capaz de promover, proteger y respetar los DDHH de las personas que cruzan dichas fronteras.