El pasado lunes, el Parlamento británico aprobó una ley que declara a Ruanda como país “seguro” para transferir a solicitantes de asilo y migrantes que hayan llegado irregularmente al Reino Unido después del 1 de enero de 2022. Desde su concepción, este plan ha sido objeto de críticas tanto por parte de organizaciones humanitarias como de grupos conservadores e incluso la casa real.

Entre 2019 y 2022, el Reino Unido experimentó un aumento explosivo de migración irregular, particularmente a través del Canal de la Mancha. En 2021, el gobierno de Boris Johnson, bajo la consigna “Take Back Control”, intensificó las sanciones y lanzó un plan para externalizar los procedimientos de refugio o asilo a un tercer país como medida para abordar la problemática.

Inicialmente se consideraron países como Albania o Ghana pero finalmente la entonces ministra de Interior, Priti Patel, cerró un acuerdo de colaboración con Ruanda por más de 150 millones de libras. Según éste, las autoridades británicas podrán reenviar a gran parte de los migrantes irregulares interceptados en el Canal de la Mancha. Es importante recordar que Ruanda sufrió el genocidio de la minoría Tutsi a manos del poder Hutu en 1994.

El 14 de junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ordenó la suspensión del primer vuelo con inmigrantes a Ruanda. Además, en 2023, un tribunal de apelación inglés declaró ilegal el plan debido a “las deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda, que sugieren un riesgo real de que las personas enviadas a ese país sean devueltas a sus países de origen y enfrenten persecución o trato inhumano, cuando en realidad podrían tener argumentos para recibir asilo”. Las falencias, en cuanto a las garantías, se convirtieron en el punto clave a trabajar para Sunak, hijo de inmigrantes indios, con el objetivo de declarar a Ruanda como seguro y aprobar el plan, lo que finalmente sucedió.

La preocupación no tardó en llegar, y este martes los altos comisionados de las Naciones Unidas para los refugiados y los derechos humanos reconocieron que están alarmados. En palabras de Volker Türk, “socava gravemente el Estado de Derecho en el Reino Unido y establece un peligroso precedente a nivel global”. Además, podría contravenir el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que prohíbe a un Estado contratante, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad corran peligro debido a su raza, religión, nacionalidad, etc.

Las dudas sobre la seguridad de Ruanda aún persisten. No obstante, el gobierno inglés planea expandir esta política considerando otros países como Botswana, Costa de Marfil, Costa Rica y Armenia, aunque el presidente de Costa Rica ya lo descartó.

La problemática de la migración irregular no se limita únicamente al Reino Unido o a nuestro país; es un desafío global. Sin embargo, la manera de abordarla no debe comprometer el Estado de Derecho.